Memoria de la Corrupción

Datos del saqueo y nombres de los saqueadores del patrimonio común

Los objetivos de esta publicación pueden sintetizarse en:

1) La memoria ayuda a evitar la reiteración y, quizás, también a que el comportamiento se enmiende; el olvido de los saqueos es el comienzo de la impunidad;

2) Si algún día la Justicia –como órgano institucional- y el pueblo –como comunidad- se deciden a controlar y a castigar a los corruptos, la Sección “Memoria de la Corrupción” será útil como listado de datos básicos (una suerte de ayuda-memoria);

3) Aspiramos a que nuestra capacidad colectiva e individual de indignarnos y/o de asombrarnos ante el saqueo que sufre todos los días nuestro patrimonio común, no amengüe y, por el contrario, se mantenga y, si es posible, se incremente.

En cuanto a los motivos para ocuparnos y preocuparnos por y de la corrupción, ellos son:

a) La corrupción corroe los fundamentos éticos de la convivencia.

b) La corrupción invita e incita al “viva la Pepa”, al “todo vale”, al “hecha la ley, hecha la trampa” y al “hago la mía y el resto me importa un rábano”, es decir a esa anticultura que destruye las entrañas de nuestra Nación.

c) La corrupción y su correlato, la impunidad, alimentan que se propague el mal ejemplo al punto de que “el que no roba es un gil”.

d) La corrupción se ha robado más de 200 mil millones de dólares en los últimos 25 años, es decir que TODOS NUESTROS PROBLEMAS FINANCIEROS NO EXISTIRIAN SI NUESTROS DIRIGENTES SE HUBIERAN CONDUCIDO CON LEALTAD AL PAIS Y SI EL PUEBLO SE HUBIERA COMPROMETIDO REALMENTE EN LA COSA PUBLICA (la de todos, nada menos).

e) La corrupción, además, suscita un fenomenal LUCRO CESANTE, esto es una inestimable cantidad de legítimos negocios, inversiones, transacciones, emprendimientos que NUNCA NACIERON A RAIZ DEL TEMOR QUE LA TRAMPA PROVOCA EN LOS ACTORES ECONOMICOS. Miles de negocios mochos o nonatos. Este es el otro saldo de la corrupción.

f) La corrupción es uno de los principales desencadenantes de la oleada delictiva que nos azota (la mayoría de los delincuentes está impulsado, además de por la droga, por el antimodelo que nos rige; “si la hacen los de arriba, ¿por qué no voy a hacerla yo?”).

g) La corrupción es un escándalo inenarrable, ante la que no podemos seguir cruzados de brazos.

h) El respeto es igual a confianza y la honestidad es igual a desarrollo. Correlativamente, la corrupción es una falta absoluta de respeto, que genera la desconfianza. Ergo, subdesarrollo y creciente pobreza.

PARTICIPACION CIUDADANA

Todo conciudadano/a puede –debe, en rigor- participar. Esta página, “Memoria de la Corrupción”, la haremos entre todos. No dude en remitirnos su dato, su denuncia, su sugerencia. Para que “Memoria de la Corrupción” sea completa, Ud. debe participar.

Esencialmente, sería una contribución relevante que nos hagan llegar denuncias sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios. Ante la mera presunción de una ilicitud en materia patrimonial, no duden en darnos la referencia. Si quieren mantener el anonimato, así será respetado a rajatabla

Alberto ASSEFF

ENTES REGULADORES: BOTINES POLITICOS

Algunos de los aspectos más cuestionados de los Entes Reguladores provienen de su conformación y funcionamiento y de las restricciones de información y recursos que limitan su capacidad de fiscalización. A pesar de las promesas electorales de 2003, la normalización y la mejora de la calidad institucional de estos organismos constituyen una asignatura pendiente para la administración del presidente Kirchner. La mayoría de los entes arrastran prolongadas intervenciones; no se llama a concurso público para cubrir los cargos directivos, y mayoritariamente las designaciones se siguen haciendo por razones políticas que por antecedentes profesionales e idoneidad de los reguladores.
Hoy existen sólo dos entes creados por ley: el Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) y el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas).

La primera señal de que el Gobierno no iba a respetar los mecanismos de designación previstas para los entes reguladores apareció a fines de 2003, cuando se dejó de lado el resultado de los concursos convocados para cubrir tres vacantes en el ENRE y otras cuatro en el Enargas.

El último avance sobre los organismos de control se registró en noviembre último, con la designación de Ricardo Velasco -marido de la ministra de Economía, Felisa Miceli- en el Enargas. El antecedente profesional más inmediato de Velasco es haber sido asesor del Banco Nación. De allí pasó al directorio del ente, encargado de controlar 9 empresas privatizadas y a todos los proveedores del negocio del GNC. También en el Enargas todos los integrantes del directorio fueron designados por el Poder Ejecutivo. El organismo está presidido por el contador Fulvio Madaro desde mediados de 2004, y los tres vocales que lo acompañan -entre ellos, el mencionado Velasco- no tienen experiencia en temas de regulación de la industria de gas.
En el ENRE, tanto el ingeniero Julio César Molina como Jorge Belenda ingresaron en el organismo en representación de las provincias, mientras que los restantes integrantes accedieron sin concurso. En cuanto al Ente de los Servicios Sanitarios (Etoss), está integrado por la Nación, el estado bonaerense y la ciudad de Buenos Aires. Cada jurisdicción tiene dos representantes que son nombrados por los poderes ejecutivos.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) todavía continúa intervenida. Pedro Ochoa Romero concentra las funciones del directorio y maneja siete gerencias operativas; la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) se encuentra intervenida desde principios de 2002, y su actual interventor es el ingeniero Ceferino Namuncurá. Por fin, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) está en manos del brigadier Horacio Orefice, quien llegó a la presidencia sin ningún concurso.
Los entes reguladores deben asegurar a los usuarios el suministro de un buen servicio al costo más eficiente posible, y a los prestadores, como inversionistas en el sector, les debe garantizar que sus intereses legítimos de una retribución adecuada por sus esfuerzos van a ser respetados a largo plazo. También debe asegurar los objetivos de la comunidad sobre salud pública y preservación de la calidad ambiental. Limitar la participación de los poderes públicos para garantizar igualdad de condiciones para prestadores públicos y privados, basados en criterios de estricta profesionalidad, debe ser uno de los objetivos fundamentales de estos organismos. Por eso es indispensable que se lleve a cabo su necesaria normalización.

Es corrupción, y no de las más leves, que se paguen altísimos sueldos y a una vasta red burocrática sin que ello se traduzca en beneficios para los usuarios y consumidores. Esto dibuja el peor paisaje: mucho gasto público, ningún beneficio para el público.

CHICOS DE LA CALLE – DROGAS Y DESAMPARO

De tan acostumbrados que estamos, parecen formar ya parte del paisaje. Pero los niños que viven y duermen en la plaza San Martín y a todo lo largo de la avenida 9 de Julio -los que identificamos como "chicos de la calle"- no sólo existen, sino que deambulan por la ciudad, sin vivienda y sin conciencia del peligro.
Para mostrárnoslos sin eufemismos están las fotografías y los artículos que se publicaron en diversos medios. En una de ellas, un joven de unos 14 años aspira pegamento de una bolsita de plástico, mientras otros dos lo acompañan con sendas bolsitas en sus manos, listas también para ser usadas. Pero ésta no es la primera vez que una imagen semejante aparece en las páginas de un diario; para el caso, existe una fotografía casi idéntica, tomada en octubre de 2000, cuando se repartía la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en la Plaza de la República, enfrente del Obelisco (¿la habrán leído a la Constitución? ¿la cumplen los funcionarios?).
La situación de estos chicos de la plaza San Martín ha sido reiteradamente denunciada por vecinos de la zona de Retiro ante la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno porteño, sin recibir más respuesta que la aparición de unos asistentes sociales que trataron vanamente de convencer al grupo, integrado por unos doce chicos, para que fuera a un hogar de tránsito. También los vecinos informaron que "hay una persona mayor que les trae las bolsitas con pegamento, cigarrillos y cerveza".
Esta dramática realidad abarca a unos 554 niños que duermen en las calles porteñas, según un recuento hecho por agentes de la Dirección de Niñez y Adolescencia del GCBA en diciembre último. Especialistas del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), calculan esa cifra en 3500, pero durante el día ese número se triplica, porque muchos de ellos, casi el 85 por ciento, vienen del conurbano bonaerense, escapados de sus casas porque son maltratados o viven situaciones de extrema pobreza.
Si no hay una denuncia hecha, el defensor público de Menores ante los juzgados de primera instancia -en este caso, Atilio Alvarez- no puede actuar (ESTO HAY QUE CAMBIARLO DE RAIZ. NO PUEDE SER QUE LOS FUNCIONARIOS DEBAN ESPERAR QUE LES LLEGUE UN PAPEL CON UNA DENUNCIA. DEBERIAN ACTUAR TODOS LOS DIAS Y A TODA HORA). Pero, aunque los operadores del Gobierno no pueden llevarse a los chicos por la fuerza, sí tienen la obligación de denunciar su situación, y también pueden hacer eso los vecinos.
Finalmente, un ciudadano presentó un recurso de amparo en los tribunales administrativos de la ciudad, solicitando una solución para estos menores, sobre la base del artículo 39 de la Constitución porteña, que detalla que "la ciudad garantiza a los niños, niñas y adolescentes su protección integral", por lo que puede pensarse que la situación de estos niños en particular podrá empezar ahora a encarrilarse.
Recientemente ha sido promulgada la ley de protección integral de la minoridad, por la cual los niños son considerados "sujetos de derechos", es decir, con los mismos o aún más derechos que los adultos, y que vela para que un niño en estado de abandono reciba, en primer lugar, el apoyo de su familia nuclear, mediante programas de ayuda, incluso económica. Ha llegado el momento de hacerla cumplir.
Y está el omnipresente tema de la droga, a la cual son inducidos los menores por narcotraficantes que los convierten, muchas veces, en vendedores en sus propios barrios. Además de sancionar drástica y ejemplificadoramente a quienes les facilitan los distintos tipos de drogas, nuestra comunidad debe considerar a los niños parte importantísima de un fenómeno social que demanda sensibilidad, solidaridad y compromiso.

Es corrupción y, también, de la más degradante, que se multipliquen los organismos de defensa de la minoridad pero los chicos sigan en las calles.

“BOROCOTIZACION”

El presidente Néstor Kirchner sumó un nuevo intendente aliado, el de San Carlos de Bariloche, Alberto Icare (integraba un frente vecinalista liderado por la UCR). Anunció que acompañará al oficialismo en 2007. Varios colegas radicales seguirían el mismo camino.

Es corrupción borocotizar la política y también lo es de fragilizar a los partidos políticos opositores y, paralelamente, hegemonizar el escenario. Todo eso, además, es pan para hoy y hambre institucional para mañana.

ÑOQUIS en el CONCEJO

El monto del perjuicio supera los 5 millones de dólares, están involucrados dirigentes de distintos partidos y la investigación acumuló —al cabo de 10 años de trabajo— 90 cuerpos de expedientes, una habitación llena de documentación y 39 imputados.
La causa de los ñoquis del ex Concejo Deliberante porteño, en la que quedaron probados más de 700 nombramientos de personas que en realidad nunca trabajaron allí, está en peligro de naufragar.
Mientras una parte del expediente fue elevada a un tribunal oral hace dos años, pero el juicio sigue sin fecha, los fiscales acaban de apelar la resolución dictada hace unos días por el juez Alberto Baños, que terminaría con el resto de la investigación. Baños sobreseyó a los ex presidentes del Concejo José Manuel Pico y Eduardo Rollano (PJ) y Juan Trilla (UCR), ya que consideró que no se puede probar su vinculación con las maniobras.
De acuerdo al escrito que presentó la fiscal Mónica Cuñarro, los distintos bloques del Concejo eran los que cobraban esos sueldos de empleados fantasmas y usaban ese dinero "para beneficio personal o para financiar las campañas políticas, como por ejemplo la de Fernando de la Rúa".
El ex presidente es justamente uno de los acusados de cara al juicio oral, ya que según los fiscales usó su relación con quien era jefe del bloque de la UCR en el Concejo, Humberto Bonanata, para que personas que trabajaban para él en su casa o en su campo, fueran nombradas en el Concejo de manera que el sueldo se los pagara el Estado.
De la Rúa había sido sobreseído por el juez de primera instancia, pero los camaristas Gustavo Bruzzone y Carlos Elbert revocaron esa decisión. El año pasado, el ex presidente se presentó personalmente en el Consejo de la Magistratura para pedir el juicio político de ambos.
En la enorme mayoría de los casos, las personas cuyo nombre era usado ni siquiera sabían que figuraban como empleados de la planta transitoria del Concejo Deliberante. Según la investigación que la fiscal Cuñarro hizo con sus colegas Horacio Amelotti, Marcelo Roma y Augusto Troncoso, la mecánica era en todos los casos parecida.
El cartonero Artemio Martínez, por ejemplo, estaba buscando trabajo y le dejó sus datos personales en Villa Lugano al concejal Roberto Larrosa (UCR), que hacía política en ese barrio. Entonces fue designado en el organismo en la más alta categoría, pero él nunca vio un peso. Albina Medeiro es una discapacitada mental desde su nacimiento. Desde que su hermana fue al Concejo Deliberante a pedir en su nombre una pensión por invalidez, también figuró como empleada de la institución.
¿Cómo era posible esta operatoria? Según los fiscales, "quienes estaban en la planta transitoria del Concejo, a diferencia del resto de los empleados, no eran controlados por la Dirección General de Personal, no tenían que cumplir horarios y podían hacer cobrar su sueldo a otra persona a la que nunca le daban un poder. Ninguno tenía ficha municipal, ni carnet de la obra social y sus legajos no existían o estaban incompletos o en blanco".
"Evidentemente —agregaron— la planta transitoria fue una estructura construida especialmente para apoderarse del dinero de los contribuyentes, mediante la designación de personas que nunca prestaron tareas".
De acuerdo a la apelación quedó probado en la causa que existió un acuerdo político entre los distintos sectores por el cual los puestos en la planta transitoria se asignaban a la presidencia del Concejo, a la secretaría administrativa y a la presidencia de cada bloque, que cobraban los sueldos luego de que unas pocas personas de confianza certificaran la prestación de tareas.
Curiosamente, el concejal que hizo una bandera de las denuncias sobre los ñoquis, y desde allí empezó a crecer políticamente, se llamaba Aníbal Ibarra.

YOMA – FRAUDE AL ESTADO

La Cámara Federal porteña reabrió una causa por irregularidades en la obtención y el reintegro de créditos de la curtiembre Yoma en la que están involucrados el ex presidente Carlos Menem, funcionarios de su gobierno y nueve ex directivos del grupo empresarial. La resolución de la Sala I del tribunal revocó los sobreseimientos con que el juez Claudio Bonadío había beneficiado a todos los imputados, en agosto de 2004, y ordenó continuar la investigación.
La causa que instruye Bonadío incluye más de 60 imputados, todos acusados de fraude al Estado por anomalías en los créditos que, supuestamente sin garantías suficientes, los bancos oficiales habrían brindado al grupo Yoma entre 1995 y 1998 por unos $ 180 millones. La hipótesis de la fiscalía es que, por medio del decreto de necesidad y urgencia 804/96, se benefició indebidamente a los Yoma. Ese decreto ampliaba los plazos de promoción industrial para las empresas regionales.
Bonadío había absuelto a Menem, a sus ministros Carlos Corach (Interior), Susana Decibe (Educación), Elías Jassan (Justicia), Oscar Camilión (Defensa), Armando Caro Figueroa (Trabajo) y Jorge Rodríguez (jefe de Gabinete). Todos ellos habían firmado el decreto cuestionado.
El magistrado también había sobreseído al actual gobernador de La Rioja, Angel Maza; a uno de sus funcionarios, Jorge Bengolea, y a nueve ex directivos de la curtiembre, entre ellos Emir Yoma y Amira Yoma. Los camaristas Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Horacio Vigliani sostuvieron, sin embargo, que el decreto habría permitido al grupo Yoma beneficiarse de nuevos y mayores créditos de la banca oficial que después no pudieron ser cobrados. Advirtieron, además, que resulta extraña la maniobra por medio de la cual la empresa Austral, que tenía un capital de un millón de dólares, le debió por un tiempo prolongado unos 40 millones de dólares al grupo Yoma, cuando la curtiembre atravesaba entonces serias dificultades financieras.
En la actualidad, el grupo Yoma está en concurso preventivo. Si alcanza un acuerdo con los principales acreedores de la curtiembre de Nonogasta, estará habilitado para presentarse como oferente en el proceso judicial en que se encuentra la firma y, llegado el caso, retomar su control.
Con más de 170 millones de pesos, el principal acreedor de la empresa es el Banco Nación. Felisa Miceli –entonces presidenta del Banco- dijo que los propietarios de la firma no habían pagado un peso al banco y que las ofertas hechas no habían sido aceptadas porque "contrariaban" el criterio de justicia que imperaba en la entidad para el reconocimiento de las deudas.

BUSTI – ATN

La Sala I de la Cámara del Crimen de esta capital condenó a prisión condicional a la ex concejal justicialista Liliana Morard de Castoldi y al ex funcionario entrerriano Oscar Mori por fraude a la administración pública, y los inhabilitó a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Mori, conocido por años como el "cajero" del gobernador Jorge Busti, y titular de la Secretaría de Control de Gestión y Reforma del Estado en la anterior gestión del mandatario, fue condenado a tres años de prisión condicional y deberá realizar tareas no remuneradas, cuatro horas semanales durante cuatro años, en favor de la cooperadora del hospital materno-infantil San Roque.
Morard, que además de concejal era presidente de una fundación creada para cometer el fraude, fue sancionada con 2 años y cuatro meses de prisión condicional y trabajará en el hogar Angeles Custodio (de niños desamparados) durante cuatro horas semanales por dos años.
Ambos fueron acusados de desviar dos aportes del Tesoro nacional (ATN) por casi un millón de dólares, en 1997, por medio de la invención de una fundación llamada Aciser. Esa entidad usó dinero en política partidaria y presentó facturas fraudulentas de campañas de lucha contra el sida. El fallo completo será leído el lunes próximo, a las 20. "Hay que esperar los fundamentos del tribunal", dijo el codefensor de Mori, el abogado Rubén Cabrera, en alusión a la posible apelación.
Hace unos meses, la Justicia condenó a tres años de prisión condicional por enriquecimiento ilícito a Mario Yedro, que presidió la bancada justicialista del Senado, y lo obligó a pagar una multa de 90.000 pesos y a devolver un campo de 2200 hectáreas valuado en 6 millones de pesos. Además, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos. Su ex esposa, Silvia Torres, fue condenada también a dos años de prisión condicional y a pagar una multa de 30.000 pesos.

FRAUDES BANCARIOS

La Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, según sus siglas en inglés) exigió documentación de cuatro años adicionales sobre la actuación del banco en la Argentina para ampliar la investigación sobre su rol en la crisis económica.
En tanto, el ex jefe mundial para mercados emergentes del Citibank durante la crisis argentina de 2001 y 2002 Víctor Menezes debió pagar más de US$ 2,6 millones para cerrar una investigación penal por presunto fraude, después de arribar a un acuerdo extrajudicial con el gobierno norteamericano.
Menezes había sido acusado por la SEC de haber usado información confidencial del Citibank para beneficio propio en 2002, días antes de que la entidad informara que afrontaría pérdidas multimillonarias por la Argentina. El ejecutivo recibió un informe interno del banco sobre esas pérdidas, por unos US$ 2200 millones, y previa difusión pública vendió sus acciones antes de que cayeran a su nivel más bajo en seis semanas, con lo que evitó entonces perder más de US$ 1,5 millones de su patrimonio personal.
El banquero, de 56 años, oriundo de la India, abonará ese monto a la SEC, más una penalidad de US$ 783.778 y de 328.822 en intereses, según documentos oficiales de la SEC. “Como expusimos en nuestra demanda, Menezes tuvo acceso a mejor información sobre la Argentina antes que la que tuvo el público”, explicó el oficial de la SEC que condujo el caso, Scott Friestad. “El sabía que Citibank iba a estar por debajo de las expectativas de los analistas”, detalló.

Ahora la SEC quiere ampliar la investigación sobre la filial en la Argentina, por lo que citó a declarar a varios testigos y pidió al banco información contable y materiales de supervisión interna durante el período comprendido entre 1997 y 2004.

¿Por qué acá jamás se citó a nadie del Citibank? ¿Será posible que en EEUU hayan cometido fraude y acá hayan sido unos angelitos?

EE.UU. – TROPELIAS EN AMERICA LATINA – MIRADA MENOS CANDIDA

Durante diez años, entre los 70 y los 80, el trabajo formal de John Perkins como economista jefe de la ya fenecida consultora financiera internacional de Boston, Chas. T. Main, consistió en recorrer naciones del Tercer Mundo como Indonesia, Ecuador y Panamá, y ofrecerles abultados créditos de desarrollo acompañados de optimistas informes sobre los beneficios que estas obras de infraestructura habrían de aportar en el futuro.
Pero en los hechos, Perkins era un empleado de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, según sus siglas en inglés) y su función era extorsionar a los gobiernos de estos países de manera que sirviesen a los intereses de la política exterior de Washington y, al mismo tiempo, concedieran lucrativos contratos a empresas norteamericanas. Existe una gran variedad de libros denunciando las tropelías de los intereses norteamericanos en América latina, Asia y Africa, y toda suerte de teorías conspirativas; lo que distingue a "Confesiones de un asesino económico" , el libro de Perkins que desde hace semanas ocupa uno de los primeros lugares en la lista de best sellers, es que se trata, por primera vez, del testimonio personal de uno de estos agentes.
El término "asesino económico" no es un neologismo inventado por el autor; es, según explica, como se apoda en el ambiente de la inteligencia a estos operadores, quienes, cual siniestros prestamistas, convencen a gobiernos de países subdesarrollados de que tomen préstamos por miles de millones de dólares que saben de antemano que no podrán pagar, para luego asumir el control del país y de su economía por medio de sus secuaces en el Banco Mundial y el FMI. Perkins describe lo que, afirma, ocurrió una semana después de que Lucio Gutiérrez ganara las elecciones en Ecuador, el 24 de noviembre de 2002: "Uno de estos asesinos económicos entró en su oficina y le dijo: «Felicitaciones, señor presidente. Quiero que sepa que tengo aquí, en mi poder, un par de cientos de millones de dólares para usted y su familia, si acepta cooperar con el Tío Sam y nuestras compañías petroleras; tengo también ahí afuera a un hombre con un revólver y una bala con su nombre»". Dos meses después, con la supervisión del FMI, Gutiérrez puso en marcha un drástico programa de austeridad, aumentó un 35% el precio de los combustibles y congeló los salarios. Dos años más tarde era derrocado por un movimiento popular.
La historia que cuenta Perkins tiene todos los ribetes de una novela de Le Carré -asesinatos, complots, sexo, prostitución y corrupción-, sólo que los nombres, las fechas y las referencias son verdaderas. Hay empresas llamadas Halliburton y Bechtel y personajes como George Schultz y Robert McNamara. Desde el asesinato de Mossadegh en Irán, en 1967, hasta las muertes de Jaime Roldós, de Ecuador, y Omar Torrijos, de Panamá, en 1981, Perkins ve la mano inexorable de la CIA, deshaciéndose de todos aquellos que interfieren con las utilidades de la "corporatocracia", como el autor la ha bautizado.
Perkins publicó su libro en 2004, en una editorial poco conocida. Fue recibido con poco interés por la crítica. Se lo acusó de poco creíble y paranoico, se dijo que estaba pobremente escrito y que muchas de sus afirmaciones eran difíciles de comprobar. En marzo último, el presidente de la editorial salió al cruce de las insinuaciones, defendió la veracidad del relato de Perkins y aportó documentos probatorios.
Pero en enero, el libro apareció en edición de bolsillo, esta vez publicado por una editorial poderosa como el grupo Penguin y las antiguas objeciones comenzaron a disolverse. Perkins fue entrevistado en algunos de los principales programas de TV y, como legitimación final, The New York Times le dedicó la tapa de su suplemento económico. El problema con los arrepentidos como Perkins es que se tiende a dudar tanto de su testimonio como de la sinceridad de su conversión. Cuando dejó de trabajar para la NSA, Perkins fundó una compañía de energía alternativa, que luego vendió holgadamente para dedicarse a los movimientos ambientalistas, las culturas indígenas del Amazonas, el chamanismo y la ecología. Pero aun cuando su metamorfosis política y espiritual sea sospechosa, su testimonio invita a mirar las cosas que suceden en el mundo y muchas de las que nos afectan personalmente con una mirada menos cándida.

COIMAS DEL PADRE DEL JUEZ TISCORNIA

La Justicia allanó anoche la casa y el estudio jurídico del padre del juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia en una causa en que se investiga a este magistrado, a su padre -ex juez civil-, y a un empresario santacruceño por el presunto pedido de una coima de cuatro millones de dólares a la empresa española Codere, que maneja los bingos y tragamonedas bonaerenses, a cambio de sobreseer a los directivos de la firma en una causa en la que se los investiga por contrabando.
El padre del magistrado, Agustín Tiscornia, de 82 años, había sido destituido como juez civil y estado preso, acusado de pedir una coima en una causa donde tramitaba una sucesión de valiosos edificios de la ciudad. Finalmente, Tiscornia padre fue indultado por Carlos Menem en 1993, dos meses después de haber propuesto a su hijo para el cargo de juez, que finalmente obtuvo.
Los allanamientos se realizaron en un departamento del piso 18 de la torre de Talcahuano 1272 y en el estudio de Tucumán al 1500, ordenados por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que investiga la causa.

En las cintas y en las declaraciones testimoniales aparecen mencionados funcionarios del Poder Ejecutivo, pero no vinculados con la maniobra. Fue Barck quien condujo, según la denuncia de la empresa, al ejecutivo español Luis Miguel Cabeza de Vaca Nieto a una reunión con el "número uno" como garantía de que a cambio del pago se iba a sobreseer la causa.
Ese encuentro se habría realizado en el departamento de la calle Talcahuano, donde el empresario se encontró con un señor mayor que se presentó como Agustín Tiscornia, quien le dio su tarjeta personal de abogado. Barck le aclaró que era el padre del juez.
La causa comenzó a mediados de febrero cuando un señor que dijo llamarse Daniel Espirito llamó insistentemente a la empresa Codere para hablar con su vicepresidente, Héctor Luna. Le dijo que debía comunicarse con Jorge Barck y le entregó un número de teléfono celular.
Luna asignó la tarea a un colaborador que, en la causa, figura como testigo protegido. Fue esta persona la que, según la causa, se reunió dos veces con Barck en Winnery, un comercio de vinos de Libertador y Posadas. Esas charlas quedaron registradas con una cámara oculta. Allí Barck ofrece como garantía del sobreseimiento una reunión con el "número uno" para "tomar un café, un champagne o un whisky" en su casa particular.
Allí hablan del pago de cuatro millones de dólares que se haría en una casa de cambio, pero el problema era la oportunidad porque el intermediario exigía cobrar antes de la sentencia, la que se firmaría 15 días después.
Ante la duda de que se trataba de una "venta de humo", Barck, en la conversación, aparece tranquilizando a su interlocutor y dice que el juez Tiscornia dio "una muestra de buena fe" y que buscó un acercamiento cuando permitió el traslado de máquinas tragamonedas desde Mar del Plata, a pesar de que estaban inmovilizadas, "pero no se acercó nadie", agrega.
En la charla, y ante la duda del representante de Codere, Barck llamó por su celular al "número uno" como una demostración de su influencia.
Tras el encuentro acordaron la reunión que iba a definir el pago, pero debía hacerse sí o sí el 2 de marzo cuando vencía el plazo para que la causa no avanzara. Ese día llegó de España Cabeza de Vaca Nieto, con la misión de mantener la entrevista crucial, según consta en la causa judicial.
Llegaron al departamento de la calle Talcahuano el 3 de marzo donde, quien se presentó como Tiscornia padre, le exigió el pago por adelantado de los cuatro millones de dólares en un plazo máximo de cuatro días.
Con esos datos, el fiscal Carlos Rívolo inició una investigación y denunció a los Tiscornia y a Barck. La causa recayó en el juzgado de Canicoba Corral que, con el auxilio del fiscal Luis Comparatore, ordenó los allanamientos del 7/3/06.

FUENTES CONSULTADAS:

Clarín, La Nación, revista Noticias, diario Perfil y propias del PNC-UNIR